El 10 de agosto la tierra tembló y, con ella, gran parte de la memoria de Colombia: 40 bienes de interés cultural resultaron afectados, 22 con daños graves, 13 con afectaciones medias y cinco leves. También quedaron agrietadas 39 iglesias y 12 de los 15 centros históricos. El Paisaje Cultural Cafetero, con sus tradicionales casas de bahareque y tapia pisada, fue el más golpeado.
El impacto volvió a poner en evidencia la vulnerabilidad del patrimonio colombiano. Según un estudio de la Universidad Javeriana, más del 80% de los inmuebles considerados patrimonio histórico están hechos en tierra, y muchos se ubican en zonas de amenaza sísmica intermedia y alta. Además, el 52% de los edificios existentes en el país son anteriores a la entrada en vigencia de la NSR-10, la norma que establece los requisitos para el diseño y la construcción sismorresistente.
El terremoto deja así una pregunta de fondo: cómo proteger este legado sin borrar las técnicas constructivas que cuentan su historia ni poner en riesgo a quienes lo habitan.
Para los expertos consultados, atribuir la fragilidad de los bienes patrimoniales a la tierra como material sería simplificar el problema. La tapia pisada y el bahareque, cuando se emplean y conservan adecuadamente, pueden tener un buen comportamiento frente a un sismo.
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El verdadero desafío está en el deterioro acumulado por años de falta de mantenimiento, los altos costos de restauración, los estrictos requisitos para intervenirlos, la burocracia y la escasez de maestros que aún dominan estas técnicas tradicionales.
Alberto Escovar, exdirector de Patrimonio y Memoria del Ministerio de Cultura, recordó que el terremoto de Popayán de 1983 marcó un punto de quiebre en la discusión colombiana sobre la seguridad de las edificaciones patrimoniales. Dejó en evidencia la vulnerabilidad de construcciones históricas y abrió el debate sobre la necesidad de intervenirlas para reducir el riesgo sin alterar los valores arquitectónicos y culturales que se busca preservar.
"En ese desastre del 83 colapsaron tanto construcciones antiguas como edificios nuevos. La tragedia impulsó al país a desarrollar un código de sismorresistencia, inicialmente inspirado en normas estadounidenses", comentó Escovar.
El problema, explicó, fue que esas reglas estaban concebidas principalmente para sistemas constructivos asociados con el concreto, el ladrillo y estructuras modernas, y no necesariamente para edificaciones hechas con tapia pisada, adobe, bahareque o madera.
"Cuando las normas comenzaron a exigir reforzamientos en proyectos de restauración, apareció una tensión entre dos objetivos: cumplir con la seguridad estructural y conservar el inmueble. Los restauradores decían que no sabían si le tenían que responder al código o al edificio", comentó Escovar.
En algunos casos, dijo,los refuerzos podían ser tan invasivos que terminaban alterando significativamente la construcción que precisamente se pretendía proteger. La discusión llevó entonces a universidades como Los Andes a desarrollar investigaciones y ensayos para estudiar cómo se comportaban las edificaciones patrimoniales de tierra frente a diferentes condiciones sísmicas. Ese conocimiento fue alimentando nuevas alternativas de intervención.
Con el tiempo, la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica incorporó recomendaciones específicas para estructuras de tierra y tapia pisada. Entre ellas están los refuerzos de zonas particularmente vulnerables, como las esquinas, y el uso de materiales compatibles con las características de la construcción.
Escovar mencionó, por ejemplo, alternativas comomallas de fibra de carbono y elementos de madera, en lugar de recurrir exclusivamente al concreto: "La razón es estructural: el concreto y la tierra no necesariamente trabajan de manera compatible frente al movimiento de un terremoto. Un refuerzo excesivamente rígido puede terminar separándose de los materiales tradicionales y generar nuevos problemas".
Por eso, sostuvo, el aprendizaje de las últimas décadas es que no existe una única fórmula de reforzamiento para este tipo de inmuebles. "Para defender el patrimonio hay que también aprender de las mismas particularidades de este", puntualizó.
Desde la experiencia de Rodolfo Ulloa, arquitecto experto en restauración, la antigüedad de una edificación tampoco determina por sí sola su vulnerabilidad.
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Al recorrer municipios pequeños del Eje Cafetero, dijo, es posible encontrar construcciones antiguas que han resistido adecuadamente. Entre ellas están las casas de bahareque, una técnica que además tiene diferentes modalidades: "En algunas construcciones, por ejemplo, la primera planta puede estar hecha en tapia y la segunda en bahareque para reducir el peso de los muros".
Para Ulloa, uno de los factores determinantes es el mantenimiento. Una edificación tradicional puede permanecer en pie durante 100 o 200 años si recibe las intervenciones necesarias y se corrigen oportunamente problemas como filtraciones de agua o deterioro de las cubiertas.
"En estas últimas existe un riesgo particular. Algunas tejas antiguas no están aseguradas adecuadamente en sus primeras y últimas líneas, por lo que los movimientos pueden provocar su desplazamiento y caída", comentó el arquitecto.
Perolos edificios no están aislados de su entorno. Ulloa llamó la atención sobre el terreno donde fueron construidos. Cambios físico-mecánicos derivados de excavaciones cercanas, corrientes subterráneas o intervenciones sobre antiguos cauces pueden incrementar la vulnerabilidad: "En algunas poblaciones se ha construido sobre madreviejas, antiguas quebradas desviadas, zonas canalizadas o áreas cercanas a ríos".
La experiencia acumulada tras terremotos como los de Popayán, en 1983; Pereira, en 1995, y el Eje Cafetero, en 1999, ha llevado a una conclusión: las edificaciones patrimoniales requieren soluciones diseñadas de acuerdo con sus características y no una fórmula única.
Para los expertos, no es posible aplicar las mismas recomendaciones a una casa de tapia, una de bahareque, de adobe, madera o piedra.
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Escovar sostuvo que incluso el concepto de que los materiales tradicionales son de "baja resistencia" debe analizarse con cuidado: "Que una estructura esté construida con tierra no significa automáticamente que vaya a colapsar".
Ulloa coincide en que Colombia conserva 45 centros históricos y señala que, "si las técnicas tradicionales fueran inherentemente inseguras, buena parte de estas construcciones no habría sobrevivido durante siglos".
Pero esto no significa que el patrimonio no requiera intervenciones. Por el contrario, ambos expertos consideran necesario mejorar su comportamiento frente a los sismos mediante diagnósticos y refuerzos adecuados, que tengan en cuenta las características de cada inmueble.
También existe un límite físico. Una construcción puede estar preparada para determinados niveles de movimiento, pero un terremoto de características extraordinarias puede superar su capacidad. En esos casos, una de las funciones del reforzamiento es evitar un colapso inmediato y dar tiempo para que las personas puedan evacuar.
La seguridad estructural de las edificaciones patrimoniales se encuentra con otro problema: los costos y los permisos.
Según los expertos, no existe una tarifa general por metro cuadrado para restaurar una vivienda patrimonial, ya que cada inmueble tiene una tipología, un sistema constructivo, un nivel de deterioro y unas necesidades de intervención particulares.
Ulloa recordó la experiencia posterior al terremoto de 1999, cuando fue necesario evaluar las edificaciones una por una, especialmente en el Quindío, recorriendo las viviendas con formularios y realizando una tasación individual.
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El problema es que, en algunos casos, el reforzamiento terminó costando más que el propio inmueble, lo que generó una presión adicional sobre familias sin recursos para asumir los costos de restauración, mantenimiento y adecuaciones estructurales.
A esto se suman los trámites: intervenir un inmueble patrimonial declarado requiere autorización y, especialmente en los centros urbanos, el procedimiento puede ser dispendioso.
Escovar explicó que durante años se pensó que, por tratarse de patrimonio, los recursos para su conservación debían provenir del Ministerio de Cultura. Sin embargo, esa entidad no puede invertir libremente en bienes patrimoniales privados.
Ahí aparece una contradicción: el Estado restringe lo que un propietario puede modificar en una vivienda declarada patrimonio, pero esa misma restricción no viene acompañada de garantías de que el propietario cuente con los recursos para cumplir con las exigencias de conservación y seguridad que se le imponen.
Frente a la emergencia inmediata, el Ministerio de Cultura autorizó, mediante la Resolución 0536 de 2026, intervenciones urgentes en los bienes patrimoniales afectados: retirar elementos en riesgo de caer, apuntalar estructuras, proteger cubiertas y cerrar zonas peligrosas. Sin embargo, la medida es de carácter preventivo y temporal —vigente por seis meses— y no habilita demoliciones, reconstrucciones, ampliaciones, restauraciones ni reforzamientos estructurales definitivos más allá de lo estrictamente necesario. Es decir, resuelve la urgencia, pero no la pregunta de fondo sobre quién financia la recuperación a largo plazo.
Una alternativa planteada por Escovar es aprovechar la figura de vivienda de interés cultural, incorporada recientemente a la legislación de vivienda. La propuesta consiste en que el Ministerio de Vivienda participe en la conservación de determinados inmuebles tradicionales, mediante instrumentos similares a los que ya se usan para apoyar otros tipos de casas.
El ejemplo del exdirector de Patrimonio es El Cairo, Valle del Cauca, municipio incluido en el Paisaje Cultural Cafetero: aunque su centro histórico no cuenta con una declaratoria individual como patrimonio, sus viviendas podrían analizarse bajo ese concepto.
Así, los propietarios de viviendas patrimoniales podrían acceder eventualmente a subsidios destinados a mejorar o recuperar sus inmuebles, complementados con alivios tributarios, créditos blandos, programas de recuperación de fachadas, incentivos y otros estímulos.
El Estado, sin embargo, no podría asumir por sí solo ni el ciento por ciento de los costos ni la reconstrucción de todos los inmuebles privados:la recuperación debería combinar recursos públicos, aportes de los propietarios, financiación y cooperación, según las características de cada caso.
Para Ulloa, además, los procedimientos de autorización deben ser suficientemente ágiles para que los trámites no terminen agravando el deterioro.
A la dificultad económica y administrativa se suma otro asunto: la pérdida de los conocimientos necesarios para reparar estas construcciones y trabajar con materiales como la tapia, el bahareque, la guadua y la madera.
En algunos lugares todavía existen maestros que aprendieron estas técnicas tradicionales de generación en generación; en otros, esos saberes se han perdido y es necesario buscar especialistas en otras regiones.
Un ejemplo es la guadua: no basta con conocer el material, también hay que saber cuándo cortarlo, cómo prepararlo y cómo instalarlo para reducir los riesgos derivados de la humedad o de los insectos xilófagos.
Para conservar ese conocimiento existen las escuelas-taller, impulsadas por el Ministerio de Cultura. Se destacan la Escuela Taller de Tunja, instalada en el claustro de Santa Clara y reconocida dentro de la red iberoamericana, así como experiencias en Villa de Leyva, Salamina, Cartagena, Popayán y Buenaventura.
El objetivo es que la reconstrucción no dependa exclusivamente de profesionales especializados que están lejos de las zonas afectadas, sino que el conocimiento pueda volver a las comunidades.
El desafío de fondo es encontrar un equilibrio entre seguridad, conservación y sostenibilidad. Para Escovar, esto pasa por cumplir las normas de sismorresistencia y seguir desarrollando reglamentaciones específicas para viviendas de interés cultural, técnicas tradicionales y arquitectura vernácula, una tarea en la que deben participar ingenieros, arquitectos, universidades, entidades como el Sena y autoridades.
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Sin embargo, cumplir las normas no significa convertir todas las construcciones en edificios contemporáneos. "La clave está en combinar los saberes tradicionales con el conocimiento actual de la ingeniería", señaló.
Al final, conservar una casa patrimonial o un centro histórico no significa solamente mantener una construcción en pie. Significa proteger los conocimientos, las tradiciones, las actividades económicas y las comunidades que durante generaciones han construido su vida alrededor de ellos.
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