Por John Kruzel
WASHINGTON, 13 nov (Reuters) - La Corte Suprema de Estados Unidos acordó el viernes examinar la legalidad de las restricciones impuestas por el presidente Donald Trump al acceso al asilo en la frontera entre Estados Unidos y México, una política de inmigración de línea dura que, según su Gobierno, ha contribuido a reducir los cruces fronterizos.
Los magistrados admitieron a trámite el recurso de Trump contra la sentencia de un tribunal inferior que consideró que había excedido sus competencias al negar a los migrantes interceptados al entrar ilegalmente en el país la posibilidad de solicitar asilo.
Se espera que el tribunal escuche los argumentos del caso en los próximos meses y dicte sentencia a finales de junio.
Trump, quien ha calificado la afluencia de migrantes como una invasión, anunció las nuevas restricciones apenas unas horas después de iniciar su segundo mandato presidencial, el 20 de enero de 2025. Su política tiene un alcance más amplio que las restricciones similares impuestas por su predecesor, el expresidente demócrata Joe Biden, quien limitó los requisitos para solicitar asilo en la frontera sur con el fin de reducir los cruces ilegales.
La política de asilo de Trump es una de las numerosas medidas que su Gobierno ha adoptado como parte de la campaña de represión contra la inmigración que lleva a cabo desde que volvió al cargo el año pasado. Altos cargos también han intentado persuadir a otros países para que se sumen a una campaña global destinada a reducir las protecciones de asilo, en un esfuerzo por remodelar el marco establecido tras la Segunda Guerra Mundial en torno a la migración humanitaria.
En virtud de la política de Trump, a los migrantes que sean sorprendidos cruzando ilegalmente la frontera sur se les prohíbe presentar solicitudes de asilo. La prohibición también se aplica a los migrantes que llegan a los pasos fronterizos oficiales y carecen de cierta información médica o sobre antecedentes penales, un requisito que, según los defensores de los derechos humanos, suele ser imposible de cumplir para las personas que huyen de la violencia.
La proclamación de Trump en la que anunciaba las restricciones al asilo, y los procedimientos de deportación por vía rápida que pretenden facilitar, indicaba que la política permanecería en vigor hasta que el presidente republicano determinara que la "invasión en la frontera sur" había terminado.
ENTREVISTAS DE "TEMOR CREÍBLE"
Los grupos defensores de los derechos de los inmigrantes interpusieron una demanda colectiva impugnando la política en nombre de los posibles solicitantes de asilo que afirman que los funcionarios de inmigración de Estados Unidos les denegaron una entrevista de "temor creíble" antes de enfrentarse a la deportación.
Dichas entrevistas tienen por objeto determinar si los migrantes que solicitan asilo se enfrentarían a persecución en su país de origen por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social determinado u opinión política.
Un juez federal en Washington D. C. falló a favor de los grupos defensores de los derechos de los inmigrantes en julio de 2025. El Tribunal de Apelación de los Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia confirmó en abril el fallo del juez, pero acordó en gran medida bloquear la entrada en vigor de la decisión para permitir que la Administración recurra ante la Corte Suprema .
La Corte Suprema, que cuenta con una mayoría conservadora de 6 a 3, se ha mostrado en gran medida favorable a Trump durante su segundo mandato presidencial en los recursos presentados frente sus políticas de inmigración.
En junio, el tribunal otorgó una victoria a Trump al respaldar la autoridad del Gobierno federal para rechazar a los solicitantes de asilo cuando las autoridades consideren que los pasos fronterizos entre Estados Unidos y México están demasiado saturados para gestionar solicitudes adicionales.
En septiembre, el tribunal permitió que el Gobierno reanudara la deportación de migrantes a países distintos de los suyos sin ofrecerles la oportunidad de demostrar los perjuicios a los que podrían enfrentarse, reforzando así una herramienta que su Gobierno ha utilizado para llevar a cabo expulsiones rápidas como parte de su campaña de mano dura frente la inmigración.
Está previsto que los magistrados escuchen los argumentos sobre la legalidad de esa política el 9 de diciembre.
(Reporte de John Kruzel; edición en Español de Manuel Farías)