"La justicia restaurativa en Colombia ha permitido que unos diez mil integrantes de las FARC, cerca de 4.000 efectivos de la fuerza pública y cerca de 150 terceros y agentes estatales, comparecieran ante una instancia que pone su enfoque en la restauración del daño causado, a partir de un reconocimiento de responsabilidad", explica a DW Danilo Rueda, ex Alto Comisionado para la Paz. Rueda, defensor de derechos humanos, lleva décadas buscando la práctica de modelos que vayan más allá de la justicia punitivista.
Desde el 2002 existen marcos de la ONU para programas que no ven en las medidas punitivas el único camino. Por su parte, la Unión Europea respalda la justicia restaurativa a nivel internacional y, concretamente, a uno de sus ejemplos más connotados: la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
En este modelo se busca la verdad, el reconocimiento de la responsabilidad y penas alternativas a la prisión para los máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad.
"Había que lograr saltar la barrera de la negación de esa violencia. Hemos escuchado al antiguo Secretariado de las FARC pedir perdón por reclutar niños, por las violencias sexuales y reproductivas contra las niñas dentro de sus filas; pedir perdón por los daños a sus cuerpos, a proyectos de vida, a emociones. Era impensable, es inédito. Y, aun así, no es suficiente", contó a DW Lily Rueda, magistrada relatora en la Sala del Reconocimiento de la Verdad de la JEP. Este sistema ofrece una pena en forma de obras restauradoras y libertad con condiciones a cambio de reconocer los hechos y asumir responsabilidades ante las víctimas.
"Y es paradójico: el modelo que nos permite llegar a entender la magnitud de la violencia es cuestionado en la fase final de sanción, precisamente porque los hechos son tan graves. Pero la privación de libertad tampoco podrá ser proporcional a lo sufrido. Esa es la tensión con la que el sistema restaurativo debe vivir", subraya la magistrada Rueda.
Efectivamente, según estadísticas nacionales, la población colombiana se encuentra dividida, en su opinión, sobre este tipo de justicia. "Se ha cuestionado por la amplitud con que se han abordado un conjunto de situaciones y de casos. También por la desviación de máximos responsables a mandos medios en el caso de las FARC y a mandos inferiores en el caso de la Fuerza Pública", explica, por su parte, Danilo Rueda, lamentando que la justicia no pueda llegar a máximos responsables que podrían estar en altos niveles gubernamentales.
"Y, por supuesto, hay núcleos poblacionales afectados que toman distancia de esta justicia restauradora y continúan abogando por sistemas mucho más punitivistas. Esto es comprensible y debe ser respetado. Sin embargo, ¿cómo hacemos para resolver la ausencia de justicia frente a la comisión de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra?", plantea Danilo Rueda. El primer proceso de justicia transicional en Colombia, en 2005, ofreció a 5.000 efectivos de fuerzas paramilitares una privación de libertad de cinco a ocho años a cambio de verdad.
La terrible responsabilidad de hacer justicia tras períodos dictatoriales, conflictos armados y casos de crímenes de lesa humanidad, la han tenido no pocos gobiernos. Así, "procesos de justicia transicional ha habido en muchas partes, con otros resultados y otras consecuencias", comenta a DW Michael Mörth, legista que integró la Comisión Internacional de Juristas. Dicha comisión respaldó el trabajo de la CICIG (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala). Cabe resaltar que a los informes de las respectivas comisiones de la verdad en Chile, Argentina, El Salvador o Uruguay no han seguido las mismas consecuencias.
"¿Fue correcto el proceso de Sudáfrica que permitió, en ciertos casos, amnistía? ¿O es mejor aplicar sin dudar el derecho penal como lo hizo la CICIG aquí en Guatemala? No hay un único camino de lo oscuro a la luz, de la guerra a la paz, de la represión a la democracia, o de la impunidad a la justicia, tampoco garantiza 'restauración' porque nada va a ser como antes", advierte Michael Mörth. Y dice que preferiría hablar de procesos de justicia transformadora que tengan en cuenta las contradicciones de cada país.
"En ese sentido", indica, "Guatemala ha gozado de muchos privilegios con su Comisión para el Esclarecimiento Histórico, con su recuperación de la Memoria Histórica. A finales de la década de 1990 ya hubo juicios por masacres. Llegamos a 2013 con el juicio por genocidio. Y luego la CICIG, en cuyo contexto cometimos el error de perseguir a todos los corruptos, sin diferenciar, creyendo que se puede limpiar un cuchitril con el derecho penal", ilustra Mörth.
Como fuere, "en Colombia hay un espíritu, tanto en la justicia ordinaria como en la transicional, que pretende romper con los paradigmas punitivistas para juzgar crímenes de guerra y de lesa humanidad", acota Danilo Rueda. No obstante, más o menos la mitad de la población está en contra de la justicia transicional, y el mismo presidente del actual gobierno favorece una política de mano dura y acabar con medidas restaurativas que, en su opinión, favorecerían la impunidad.
Danilo Rueda, ex alto comisionado para la Paz en Colombia, 2023 (Foto de archivo).Cristian Bayona/LongVisual/ZUMA/picture alliance
¿Se debe esto a que los organismos de justicia no han hecho bien su tarea?,¿O a que el concepto no es viable, o no se entiende? "Ningún sistema de justicia es perfecto. Pero más allá de eso, es muy difícil que en 21 años de justicia transicional -tomando el 2005 como punto de partida- se haya dado en Colombia la transformación cultural que permita comprender al conjunto de la sociedad de qué estamos hablando cuando decimos 'justicia restauradora'. Sin embargo, hay avances, y hay una discusión importante y válida que sería un infortunio que no tenga espacio. El derecho restaurador requiere ser profundizado, no solamente para el caso de Colombia, sino para el conjunto de conflictos y violencia que experimenta la humanidad hoy", concluye el ex alto comisionado para la Paz.
(cp)
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